El Salvador será el país con la mayor pérdida de crecimiento económico en Centroamérica en 2020, como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del covid-19, de acuerdo con el último análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
“La estimación a inicio de año era que la economía iba crecer 2.5 %; la nueva estimación señala que va a caer 7.5 %, es decir que tomando en cuenta esas dos estimaciones la caída será de 10 %… lo que pone a El Salvador en cuidados intensivos”, advierte Ricardo Castaneda, del Icefi.
De acuerdo con el estudio “Estimación de la situación fiscal de Centroamérica al final de 2020”, elaborado por dicha entidad, detrás de El Salvador se ubicaría Panamá (que tiene un sistema monetario parecido al salvadoreño), con una caída de 7.2 %, y luego Honduras, con 6.9 %.
En la recaudación de impuestos, El Salvador tendría una reducción de 1.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) respecto a lo originalmente considerado en el presupuesto, ubicando de nuevo al país como el más afectado de la región; le seguiría Honduras, con una caída de 1 % del PIB, y luego Panamá y Costa Rica, donde la pérdida sería de 0.7 % del PIB.
En cuanto a los gastos públicos que han asumido todos los países para enfrentar la pandemia, El Salvador sería el que mostraría el mayor incremento, ya que aumentaría su presupuesto en 6.5 % del PIB, es decir que pasaría de un gasto que se esperaba fuera de 22.1 % a 28.6 % del PIB.
“Ante la caída de la recaudación y el aumento del gasto público, esto provoca como resultado que el déficit fiscal se incremente y para el 2020 será de 11.9 % del PIB”, apuntó Castaneda.
Al aumentar el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos, el estado deberá recurrir a más deuda pública. Por lo mismo, la entidad estima que El Salvador podría cerrar con una deuda en torno al 92.1 % del PIB, lo que implicaría que por cada $100 producidos en la economía, $92.10 ya se deberían.
Con esos indicadores, se concluye que la deuda pública de El Salvador es insostenible y para volverla sostenible implicaría hacer un ajuste de 5.9 % del PIB.
Por eso, según el analista, es importante que esa medida no se haga de la noche a la mañana, sino por medio de una hoja de ruta de 10 a 20 años, para que la sostenibilidad se vaya alcanzando y no desproteger a los grupos más vulnerables.
Castaneda advierte que no sería prudente incrementar el IVA porque tendría un impacto en los grupos poblacionales de menores ingresos. Igualmente, indica, recortar el gasto social en educación y salud agravaría la crisis.
Así, según el economista, El Salvador requerirá de un acuerdo fiscal integral donde los actores políticos deberán tener la madurez para establecer esa hoja de ruta, por medio de la cual determinar los cambios necesarios en términos de ingresos, gastos, deuda y transparencia.
