SAN SALVADOR – La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está retirando la ayuda de la policía nacional de El Salvador y un instituto de información pública y, en cambio, redirigirá los fondos a grupos de la sociedad civil, dijo el viernes el director de la agencia en un comunicado.
La declaración citó preocupaciones sobre las votaciones a principios de este mes por parte de los aliados legislativos del presidente Nayib Bukele para destituir al fiscal general y a los principales jueces.
La administradora de USAID, Samantha Power, expresó “profunda preocupación” por los despidos, así como “preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas” en el país centroamericano.
Los fondos asignados ahora se destinarán a “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos” en concierto con los grupos de la sociedad civil local, dijo el comunicado, sin especificar la cantidad de dinero en cuestión.
En una aparente respuesta a Power, Bukele despreció a los grupos de la sociedad civil que estaban preparados para beneficiarse del cambio en la financiación estadounidense en una publicación en Twitter minutos después del anuncio.
“Es bueno que reciban financiamiento externo, porque no recibirán un centavo del pueblo salvadoreño”, escribió Bukele.
USAID, el brazo de desarrollo internacional del gobierno de los EE. UU., Proporciona fondos para una amplia variedad de programas en países en su mayoría pobres de todo el mundo.
“El respeto por un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia”, dijo en su comunicado.
Creciente disputa
Es la última salva en una disputa cada vez más intensa entre los dos países. El martes, el gobierno de Estados Unidos publicó una lista de políticos centroamericanos supuestamente corruptos, incluida una pareja con estrechos vínculos con Bukele. Eso llevó al líder salvadoreño a elogiar a China, en un aparente ataque a Washington.
Bukele, de 39 años, quien es popular en casa, ha argumentado que los despidos de alto perfil fueron justificados y legales.
El partido de Bukele acusó a los cinco jueces destituidos de obstaculizar la estrategia de salud del gobierno en medio de la pandemia de COVID-19, y al fiscal general de carecer de independencia.
Los abruptos votos para eliminarlos fueron criticados como una peligrosa toma de poder por la pequeña oposición a Bukele en El Salvador, así como por el gobierno de Estados Unidos y grupos de derechos internacionales como Amnistía Internacional.
Los críticos de Bukele también lo acusan de abusar de la policía nacional y del instituto de información pública con fines políticos.
El Salvador, que tiene una economía estrechamente vinculada a Estados Unidos por el comercio y una gran población migrante, está negociando un préstamo de más de mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde Washington ejerce una influencia significativa.
El FMI a principios de esta semana citó avances en las conversaciones en curso.
